NOTA DE PRENSA

Descargar nota de prensa en formato PDF

Cuerva acelera las torres que atraviesan Barranco Oscuro con un gran despliegue policial y vigilancia privada, en pleno conflicto judicial

Tras varios intentos anteriores que no llegaron a materializarse, la empresa ejecutó aceleradamente las cimentaciones de los apoyos más controvertidos. Los afectados exigen saber qué cambió en las autorizaciones y quién justificó el dispositivo policial.

Barranco Oscuro denuncia la presencia de vigilantes privados junto a sus viviendas y cuestiona que la empresa haya seguido adelante pese a conocer graves errores en la identificación de los terrenos y bienes afectados.

Granada, martes 27 de octubre de 2026.

Después de varios intentos de iniciar los trabajos que no pudieron materializarse durante el verano, la empresa acometió la semana pasada una operación extraordinariamente acelerada para ejecutar las cimentaciones de los apoyos 35 a 38, precisamente los únicos afectados por un recurso contencioso-administrativo y con una solicitud de medidas cautelares cuya decisión es inminente.

En apenas unos días se realizaron excavaciones, colocación de bases y hormigonados, utilizando helicópteros, abundante maquinaria, un importante despliegue de la Guardia Civil y vigilancia privada nocturna.

Para los afectados, la cuestión más preocupante no es solamente la rapidez de la ejecución, sino el cambio de circunstancias que permitió realizar unos trabajos que anteriormente habían encontrado una fuerte oposición basada en objeciones jurídicas y administrativas.

¿Qué cambió entre agosto y octubre?

Durante agosto se produjeron varios intentos de iniciar las obras en las fincas afectadas pero los afectados denunciaron entonces posibles impedimentos legales, deficiencias en la documentación y discrepancias entre las actuaciones pretendidas y las condiciones del proyecto autorizado, incluida la caducidad de la autorización que en octubre de 2024 preveía un plazo de ejecución de 18 meses.

En aquellas ocasiones, las operaciones previstas no llegaron a ejecutarse en la forma pretendida por la empresa.

Sin embargo, en octubre la promotora consiguió llevar adelante las cimentaciones mediante un despliegue de medios muy superior al utilizado en otros tramos y variando sustancialmente el proyecto inicial.

¿Qué circunstancias administrativas o jurídicas cambiaron entre unos intentos y otros? ¿Se dictaron nuevas resoluciones? ¿Se modificó el proyecto? ¿Se autorizó una ampliación del plazo de ejecución o algún procedimiento constructivo diferente?

Barranco Oscuro considera imprescindible que las administraciones respondan documentalmente a estas preguntas.

Los propietarios señalan que no se les facilitaron las resoluciones que permitirían comprobar si las actuaciones finalmente realizadas se ajustaban a todas las condiciones aplicables.

Un despliegue policial cuya necesidad debe explicarse

Otro de los aspectos que más controversia ha generado es la dimensión de la presencia de la Guardia Civil durante los trabajos.

Los afectados cuestionan que fuera necesario movilizar un dispositivo de tal envergadura para facilitar la ejecución de una infraestructura eléctrica promovida por una empresa privada, precisamente cuando existían controversias administrativas y judiciales sobre las actuaciones previstas.

Recuerdan que los intentos anteriores de iniciar las obras encontraron una oposición fundamentada en objeciones legales, documentación administrativa y solicitudes de comprobación, no en actuaciones violentas. Ejerciendo simplemente, como propietarios afectados, sus derechos conforme a la legalidad.

La Guardia Civil tiene encomendada la protección de la seguridad ciudadana y del ejercicio de los derechos. Su intervención puede estar justificada cuando concurran circunstancias que lo requieran. Sin embargo, los propietarios cuestionan las razones concretas de una operación de estas características, cuya finalidad, a juzgar por lo sucedido sobre el terreno, parecía ser garantizar la ejecución de las obras a toda costa, dificultando cualquier posibilidad de diálogo y de plantear las objeciones legales y administrativas que ya habían impedido anteriores intentos de iniciar los trabajos.

Los afectados denuncian que el dispositivo dificultó que pudieran exigir explicaciones sobre las autorizaciones vigentes, las posibles prórrogas y la adecuación de las actuaciones a los planos, al proyecto aprobado y a las condiciones impuestas por las administraciones competentes.

Lo más sorprendente es que, según los propietarios, ninguna de las personas a las que solicitaron información —responsables de Cuerva, operarios o efectivos de la Guardia Civil— pudo identificar o facilitar la documentación que justificara las actuaciones concretas que se estaban ejecutando.

No se les mostraron las posibles autorizaciones de modificaciones del proyecto ni las eventuales ampliaciones de los plazos de ejecución. Tampoco se les aclaró qué accesos estaban habilitados ni dónde se había autorizado el depósito de materiales, el acopio de elementos de construcción o el estacionamiento de maquinaria.

Los afectados denuncian igualmente la ausencia de señalización de las obras y de delimitación visible de las zonas de trabajo, circunstancias cuyo cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales consideran necesario investigar. Lo sorprendente es que se puedan cometer numerosas infracciones y nadie haga nada, la sensación es de que hay una doble vara de medir y a las compañías eléctricas se les permite todo tipo de abuso y se les exige muy poco.

«Resulta difícil comprender que se despliegue semejante dispositivo policial para permitir unas obras mientras nadie ofrece explicaciones sobre los documentos que las autorizan, los accesos que pueden utilizarse o las condiciones que deben respetarse».

Barranco Oscuro reclama que se esclarezca quién solicitó la intervención de la Guardia Civil, qué circunstancias justificaron su dimensión y qué instrucciones recibieron los agentes. Asimismo, exige que las administraciones competentes expliquen cómo se comprobó la legalidad de las actuaciones y su correspondencia con las autorizaciones vigentes.

Vigilancia privada junto a viviendas particulares

A la presencia policial se añadió la contratación de vigilancia privada durante las noches.

Según denuncian los afectados, personal de seguridad permaneció en el entorno inmediato de viviendas particulares sin que sus propietarios hubieran prestado consentimiento para establecer allí un servicio de vigilancia.

La bodega cuestiona el fundamento legal y las condiciones de esta actuación, que considera una intromisión injustificada en la tranquilidad y privacidad de quienes habitan esas propiedades.

También expresa su rechazo a que las autoridades permitieran mantener esta situación sin ofrecer a los afectados explicaciones suficientes sobre el alcance y la habilitación del servicio.

Una declaración de utilidad pública no puede interpretarse como una autorización ilimitada para ocupar o vigilar cualquier parte de una propiedad privada.

Los propietarios reclaman que se identifique a la empresa de seguridad y se compruebe si el servicio se ajustó tanto a los derechos de ocupación efectivamente reconocidos como a la legislación de seguridad privada y a los derechos de quienes residen en las fincas.

Una carrera para adelantarse a la decisión judicial

La aceleración de los trabajos adquiere especial relevancia por su coincidencia con el procedimiento judicial abierto contra la declaración de utilidad pública.

Los afectados habían solicitado medidas cautelares para evitar que la construcción de las torres produjera daños difíciles de reparar mientras se discute la legalidad de la actuación.

Sin embargo, Cuerva decidió concentrar recursos precisamente en el tramo donde se plantean algunas de las afecciones patrimoniales y ambientales más graves.

La empresa podría haber continuado ejecutando otras partes de la infraestructura sin necesidad de intervenir inmediatamente sobre estas propiedades, según sostienen los afectados.

«Si la empresa está tan segura de que su actuación es legal, ¿por qué no continuar en otros tramos y esperar a que la Justicia se pronuncie?»

Barranco Oscuro considera que la rapidez extraordinaria de las obras plantea la sospecha de un intento de consolidar hechos materiales antes de una posible resolución judicial desfavorable.

La instalación de cimentaciones y torres no impide jurídicamente que puedan adoptarse medidas judiciales posteriores, pero puede incrementar considerablemente las dificultades de restauración y los daños producidos.

El diálogo que nunca llegó

La bodega cuestiona también la actitud de Cuerva hacia los propietarios afectados.

Según denuncian, durante la tramitación y ejecución se produjeron varias entradas en sus fincas sin consentimiento, episodios que consideran incompatibles con una verdadera voluntad de diálogo.

Esta circunstancia resulta especialmente significativa porque el propio estudio de impacto ambiental presentado por la promotora establece que los accesos a los apoyos deben acordarse previamente con los propietarios afectados.

Tampoco aprecian una disposición efectiva a reconsiderar el trazado después de que se pusieran de manifiesto errores importantes en la documentación expropiatoria.

Entre ellos destacan la identificación insuficiente de los elementos existentes en las fincas, tanto los viñedos de elevado valor productivo y paisajístico como las edificaciones, incluida una vivienda familiar situada a aproximadamente cinco metros de uno de los apoyos.

Estos terrenos forman parte de una explotación vitivinícola estrechamente vinculada a la trayectoria de Manuel Valenzuela, pionero en la recuperación de los vinos de calidad de Granada, en la agricultura ecológica y en la valorización de los viñedos de montaña.

La bodega considera especialmente grave que no se valorara adecuadamente la singularidad de una explotación cuya identidad comercial y cultural está profundamente vinculada al paisaje.

De haberse identificado correctamente todos estos elementos, los propios criterios del proyecto habrían exigido examinar con especial rigor la idoneidad del trazado elegido.

El estudio ambiental establece expresamente que deben evitarse las construcciones y que el trazado debe alejarse, en la medida de lo posible, de las viviendas y de otros elementos sensibles. También incorpora criterios relacionados con los usos del suelo, las características de las parcelas y la minimización de las afecciones.

Los afectados consideran que la identificación correcta de la vivienda y del viñedo podría haber condicionado decisivamente la evaluación de alternativas y cuestionan que se mantuviera el trazado sin revisar suficientemente estas circunstancias.

Sostienen que la empresa tuvo conocimiento de los errores y que, pese a ello, prefirió continuar impulsando las actuaciones sin ofrecer una solución satisfactoria.

«No puede hablarse de diálogo cuando se entra en propiedades ajenas sin permiso y se continúa adelante después de conocer que los terrenos y bienes afectados no habían sido correctamente identificados».

Barranco Oscuro considera que estas circunstancias deberían haber dado lugar, como mínimo, a una revisión efectiva de las afecciones y de las alternativas disponibles.

Las administraciones deben responder

La autorización de construcción de octubre de 2024 exige expresamente que las obras se ejecuten conforme al proyecto aprobado y a las variaciones que hayan sido autorizadas.

Asimismo, incorpora las condiciones establecidas por los organismos competentes en materia ambiental.

Los afectados consideran que la Junta de Andalucía debe explicar de manera transparente cómo ha supervisado el cumplimiento de estas condiciones.

Durante los últimos meses han presentado denuncias acompañadas de fotografías, vídeos y abundante documentación sobre posibles incumplimientos.

En algunos casos, las actuaciones fueron examinadas por agentes de Medio Ambiente, que elaboraron informes de varias páginas.

Sin embargo, los propietarios denuncian que determinadas respuestas administrativas, algunas reducidas a una sola línea, han sido manifiestamente insuficientes para explicar qué comprobaciones se realizaron, cómo se valoraron los informes de los agentes y qué decisiones se adoptaron.

Los afectados reconocen el trabajo de los agentes que acudieron al terreno y documentaron los hechos. Lo que cuestionan es la respuesta posterior de los órganos administrativos encargados de adoptar decisiones y garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Las condiciones establecidas para autorizar una obra no tienen sentido si después las administraciones no garantizan su cumplimiento efectivo.

Exigimos explicaciones y responsabilidades

Barranco Oscuro reclama que se esclarezcan las circunstancias que permitieron ejecutar las actuaciones que anteriormente habían sido objeto de objeciones, se facilite la documentación administrativa correspondiente y se investiguen las condiciones en que se desarrollaron los dispositivos policiales y de vigilancia privada.

También solicita que se compruebe la correspondencia de las obras con el proyecto aprobado y que se adopten las medidas de protección necesarias para evitar nuevos daños sobre las propiedades afectadas.

La bodega insiste en que la mejora del suministro eléctrico no puede utilizarse como argumento para prescindir del cumplimiento de las condiciones legales ni para ignorar los derechos de los propietarios.

Recuerda, además, que existen distintas alternativas técnicas y de trazado para las infraestructuras eléctricas, incluido el soterramiento total o parcial cuando resulte viable, y reclama que estas opciones se estudien rigurosamente para minimizar las afecciones sobre viviendas, explotaciones agrícolas y paisajes singulares.

«Nadie está por encima de la ley. Ni las empresas eléctricas que obtienen declaraciones de utilidad pública ni las administraciones encargadas de supervisarlas».

Bodega Barranco Oscuro

Sierra de la Contraviesa, Granada